Los representantes de las principales fuerzas políticas municipales y autonómicas en Madrid han mantenido un intenso debate sobre urbanismo y vivienda durante dos jornadas, organizadas por el Colegio de Aparejadores de Madrid, para contrastar sus propuestas de cara a la doble consulta electoral del próximo 28 de mayo. La controversia, en muchos casos, ha revelado diferencias ideológicas irreconciliables, como la intervención pública sobre el mercado inmobiliario que facilita la recientemente aprobada Ley de Vivienda.
El primer acto, moderado por Gregorio Díaz Están, vicepresidente del Colegio, reunió a representantes de las principales fuerzas políticas municipales. Álvaro González López, representante del PP y titular del Área Delegada de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, articuló en tres vertientes las propuestas de su partido. Por una parte, el impulso de la vivienda pública, con la construcción de 12.000 nuevas unidades, la mitad destinada a la población joven. Para el PP, la regeneración de barrios y la rehabilitación de viviendas, mediante los planes Rehabilita y Adapta son otros elementos fundamentales para la ciudad. A todo ello, su formación política añadirá un plan de embellecimiento de la ciudad, un Servicio de Asesoramiento de Vivienda (SAV) contra el problema de la ‘okupacion’, una mejora de la salubridad con un programa de eliminación del amianto para toda la ciudad y un impulso al Observatorio de Vivienda, herramienta clave para afrontar la actual problemática con datos reales y contrastados. Respecto a la tramitación de licencias urbanísticas, Álvaro González López abogó por un asesoramiento previo por medio de personal técnico, como el que existe en las Entidades de Colaboración Urbanística (ECU), y una mayor dotación de personal funcionario dedicado a estas tareas.
Debate municipal sobre urbanismo y vivienda
Mariano Fuentes Sedano, en representación de Ciudadanos, indicó que el nuevo gobierno municipal deberá trabajar en equipaciones y dotaciones para los numerosos desarrollos urbanísticos en curso, como los del sureste de Madrid, y se mostró partidario de una renovación urbana de la ciudad que genere nuevas edificabilidades. El también responsable de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento explicó que el actual gobierno ha desbloqueado los desarrollos urbanísticos y ha puesto en marcha “la mayor infraestructura verde de toda Europa: el Bosque Metropolitano de Madrid”, para que la ciudad “crezca con la naturaleza, no a costa de la naturaleza”. Otro de los pasos adelante del actual consistorio que subrayó Mariano Fuentes es la actual Ordenanza de Licencias y Declaraciones Responsables Urbanísticas (OLDRUM), “que confía en la sociedad civil a través de la Declaración Responsable”. El compromiso de Fuentes, de cara al futuro, “es eliminar arbitrariedades y centralizar en un único organismo todo el sistema de licencias”, diseminado actualmente en 23 organismos distintos del consistorio. Además, Fuentes manifestó que el programa de Ciudadanos contempla “un sistema de avales para compra de viviendas a menores de 35 años, del que se beneficiarían más de 5.000 madrileños al año”, así como un nuevo programa de alquiler asequible.
José Luis Nieto Bueno, en nombre de Más Madrid –tercera fuerza en la corporación municipal–, centró el programa de su formación en cuatro puntos. Por una parte, impulsar el acceso a la vivienda, permitiendo que tanto el Ayuntamiento como la Empresa Municipal de Vivienda “sean agentes activos e influyan en el precio final con precios asequibles, incrementando la regulación”. Planteó también un reequilibrio de la ciudad que no olvide ni el sur ni el este. También se mostró partidario de la modificación del PGOUM de 1997 ante nuevas realidades como “las cocinas fantasma, las viviendas turísticas o la proliferación de locales de apuestas”. Por último, apostó por el concepto de “ciudad de los 15 minutos” para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en un entorno habitable e inclusivo, dentro de un concepto de ciudad policéntrica.
Antonio Giraldo, representante del PSOE, subrayó la creciente desigualdad que se ha ido apoderando de la ciudad de Madrid y subrayó la importancia de la creación de un área metropolitana en torno a las 8-10 ciudades más importantes en el extrarradio de la capital. Según Giraldo, su partido cuenta con un programa urbanístico, Madrid Próximo, que busca un reequilibrio de la ciudad en busca de una urbe policéntrica, reverdecida y con un decidido impulso del transporte público y la movilidad peatonal. “Queremos que el transporte público sea la versión más rápida y barata”, indicó Giraldo. “La salud del ciudadano es fundamental. Además, es necesaria una ciudad inclusiva hacia los flujos sociales con un modelo económico que gire en torno a la innovación y la tecnología verde”.
Lucio Rivas Clemot, representante municipal de Vox, manifestó en su intervención que “el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) de 1997, ya nació viciado con la aprobación de la Ley del Suelo cuatro años más tarde”. Se mostró partidario de su modificación en aras de lograr incrementos de la edificabilidad y cambios de uso. Indicó, además, que “Madrid es diferente a París y Londres. Madrid solo tiene un centro, que ha ido ensanchándose progresivamente. Es necesario poner en marcha centros gravitatorios y crear nuevas áreas de centralidad, fomentando la peatonalización de espacios y la creación de nuevas zonas verdes”. Para paliar el grave problema de la vivienda, Rivas se mostró partidario de explorar fórmulas alternativas “como el derecho de superficie”, que consideró que actualmente se encuentra infrautilizado.
José Manuel Calvo del Olmo, en representación de Recupera Madrid, fuerza integrada en el Grupo Mixto, planteó una hoja de ruta para la ciudad a largo plazo, que encabezaría un equipo de gestores con conocimiento, en torno a tres ejes: fomentar la movilidad peatonal y el transporte público, afrontar el crecimiento de Madrid por el sureste –el único posible en la actualidad–, y la renovación y regeneración urbana de barrios como Moratalaz, San Blas, Usera o Carabanchel.
Según José Manuel Calvo, una modificación a fondo del actual PGOUM, como solicitan algunos partidos, “sería un problema añadido a la parálisis burocrática” que aqueja al Ayuntamiento por el dilatado proceso que supondría. El representante de Recupera Madrid abogó por “soluciones puntuales” que estén en manos del equipo de gobierno. “El Ayuntamiento, por ejemplo, no actúa contra las viviendas turísticas”, indicó.
Con el fin de agilizar las tramitaciones, José Manuel Calvo explicó que su formación plantea convertir la actual Agencia de Actividades del Ayuntamiento “en una gran agencia de licencias”. Además, planteó la reconversión de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) en una sociedad público-privada capaz de multiplicar la construcción de viviendas y defendió el establecimiento de topes al alquiler “para limitar la rentabilidad”, dada la existencia de “numerosas zonas tensionadas en Madrid” en las que habría que frenar la escalada continúa de precios. Recupera Madrid se comprometió a facilitar al sector de la edificación la promoción de viviendas y edificios públicos con licitaciones ágiles y transparentes y afirmó que, más que tramitar licencias, el gobierno municipal debe reforzar las controles de calidad de las tramitaciones.
El debate autonómico
El segundo de los debates organizado por el Colegio de Aparejadores congregó a los representantes de las fuerzas políticas que concurren a las elecciones autonómicas para la Asamblea de Madrid. En esta mesa-coloquio, José María García Gómez, del PP y actual viceconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, destacó que “toda política intervencionista provoca el encarecimiento de la vivienda. El intervencionismo y el ataque a la propiedad privada no son la respuesta a lo que necesita Madrid porque desincentivan la inversión”. García Gómez defendió la legislatura de Isabel Díaz Ayuso al frente de la comunidad, en la que, en su opinión, la Ley Ómnibus ha transformado el urbanismo”. Además, anunció que la futura nueva Ley del Suelo dará respuesta a muchos nuevos retos, en coordinación con la colaboración público-privada. Garcia Gómez descalificó la reciente propuesta de Más Madrid para la adquisición de 10.000 viviendas públicas, una operación que requeriría, en su opinión, “más impuestos para los ciudadanos”.
Jorge Moruno, de Más Madrid, consideró fundamental en su exposición “un cambio de paradigma. El modelo de vivienda ha quedado obsoleto y no da respuesta a la necesidad de una vivienda asequible. El alquiler de vivienda es mayoritariamente privado y la vivienda con algún tipo de protección acaba con el paso de los años convertida como vivienda en el libre mercado, lo cual hace imposible un equilibrio”, afirmó. En este sentido, su formación política se compromete electoralmente a adquirir 10.000 viviendas que se sumarían al parque público regional dado que, según afirmó, “Madrid se encuentra a la cola de la Unión Europea en vivienda pública”. Según Moruno, “liberalizar suelos per se no baja precios. El mercado por sí mismo no ofrece vivienda asequible, por lo que los poderes públicos deben convertirse en agente fundamental para ello”. Moruno mencionó que “la tasa de emancipación de Madrid es la más baja de Europa” y que en España se han registrado medio millón de desahucios desde 2008.
Cristina González, del PSOE, denunció la necesidad de una ordenación territorial para evitar que se construyan PAUs sin dotaciones ni servicios y defendió la urgencia de un amplio parque público de vivienda social en alquiler. Asimismo, denunció la situación de los vecinos de San Fernando de Henares, afectados en sus viviendas por las obras del Metro, y reclamó un incremento en las dotaciones presupuestarias de los planes de vivienda de la región, así como una decidida apuesta por la rehabilitación y la regeneración urbana con fondos propios de la Comunidad de Madrid. La representante socialista recordó que el PSOE se compromete a reducir el coste del alquiler en 300 euros a jóvenes y familias en la Comunidad de Madrid y defendió la Ley de Vivienda recientemente aprobada por las dos cámaras legislativas nacionales.
José Luis Ruiz Bartolomé, por parte de Vox, manifestó su satisfacción por haber colaborado en la modificación de la Ley del Suelo, aunque apuntó que “se necesitan desarrollos reglamentarios que están aún por hacer y que generan inseguridad jurídica”. Vox propuso que la actual Dirección General de Suelo de la Comunidad, vacía de contenido en su opinión, se reconvierta en un organismo que preste apoyo a los desarrollos urbanísticos de cualquier municipio de Madrid. Para Ruiz Bartolomé, la situación de la vivienda “ha empeorado en los últimos cuatro años: los precios suben, escasea la mano de obra y hay una proliferación de la ‘okupación’. La Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid tiene 2.000 viviendas okupadas. La nueva Ley de Vivienda afectará dramáticamente para el acceso a la vivienda y hay que impedir que esa ley se aplique en nuestra comunidad”, indicó. Vox defendió, además, la vivienda en propiedad: “la propiedad hace hombres libres, mientras que el alquiler de por vida genera desarraigo”.
Carlos Sánchez Casas, representante de Izquierda Unida-Podemos, defendió como eje central de su formación “devolver la capacidad en urbanismo a los poderes públicos en todos sus aspectos, puesto que muchos municipios han perdido competencias en favor de la iniciativa privada y los grandes fondos de inversión”. Sánchez Casas subrayó que la Ley Ómnibus de la Comunidad de Madrid presenta serias deficiencias que deberían corregirse. Además, denunció que “el concepto de vivienda protegida ha ido degenerando con el paso del tiempo hasta acabar en manos privadas”. Asimismo, denunció que el precio del suelo no es la variable que define el precio de la vivienda, sino al revés. Para el representante de Izquierda Unida-Podemos, la difícil situación del acceso a la vivienda en Madrid “sólo se resuelve con altos porcentajes de vivienda pública en régimen de alquiler”.
Finalmente, Juan Andrés Díaz Guerra, en nombre de Ciudadanos, apostó en su intervención por un mayor protagonismo de la vivienda pública en régimen de alquiler. Para ello reclamó un consenso entre todos los partidos políticos que ponga en el centro de las preocupaciones el dificilísimo acceso a la vivienda dentro del ámbito de la Comunidad de Madrid.
